DIMENSIONES

NORMATIVIDAD

La dimensión normativa de Métrica de la Transparencia 2014 se ocupa del análisis de la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de acceso a la información en México. La metodología 2014 se basa nuevamente en el Índice de Evaluación de la Normatividad en Materia de Transparencia 2010, e incorpora nuevas variables con base en el Código de Buenas Prácticas y en las diferentes interpretaciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho de acceso a la información. Asimismo, esta nueva metodología supone adicionalmente la revisión de ordenamientos distintos a las leyes como lo son reglamentos y lineamientos. La valoración del cumplimiento de los estándares propuestos se hace a través de una matriz, que consta de doce rubros incluyendo los principios, sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, archivos, órganos garante, diseño institucional de unidades de información, procedimiento de acceso, recurso administrativo y responsabilidades y sanciones y analiza un total de 159 variables.

Dentro de los principales hallazgos de la dimensión normativa se encuentran los siguientes:

• Dispersión normativa. En general se observa una multiplicidad de ordenamientos que aumentan los costos de acceso de los ciudadanos.

• Deficiente reconocimiento de la obligación de los sujetos obligados de documentar todos y cada uno de sus actos de autoridad.

• Falta de obligación de publicar la lista de documentos clasificados como información pública de oficio.

• Uso incremental de categorías generales y absolutas de información reservada. Si bien las causas de reserva deben encontrarse previstas y explicitadas en ley, las mismas no deben suponer la resera de un conjunto general de documentos, como lo supone la reserva de toda averiguación previa.

• Confusión conceptual legislativa entre información reservada e información confidencial.

• Debilidad regulatoria en materia de archivos.

A- A+